“Ahí todos hemos perdido. El golpe no ha sido solamente contra Lugo sino contra la democracia paraguaya en transición y con frágiles instituciones”, declaró Lugo en una entrevista con Efe, cuando se cumple una década de su salida de la Presidencia.

Lugo, un exobispo católico que con su triunfo electoral en 2008 acabó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado, se refirió así al resultado del juicio político que se votó el 22 de junio de 2012.

Ese día, el Senado lo declaró culpable por mal desempeño de sus funciones en un proceso, que, según dijo, duró “17 horas” y se convocó tras la muerte de 6 policías y 11 campesinos en un operativo de desalojo de tierras en la población de Curuguaty (sureste).

“Hace diez años hubo mucha confusión y sobre todo en la información de lo que fue un enfrentamiento entre policías y campesinos”, recordó Lugo, quien advierte que la pregunta que hasta hoy está vigente es “¿qué pasó en Curuguaty?”.

Para el senador, la que ahora se conoce como la “masacre de Curuguaty” fue “un evento que políticamente se aprovechó muy bien para iniciar un juicio político con un libelo acusatorio con argumentos muy frágiles”, para justificar su destitución.

Reconoció que el triunfo que obtuvo en las urnas apoyado por movimientos sociales y por una inédita alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) le aseguró el poder Ejecutivo.

Sin embargo, no contaban con un respaldo del Parlamento ni tenían “buenas relaciones con el poder Judicial”. A ello atribuyó que durante sus casi cuatro años de gestión tuvieran “22 amenazas de juicio político”.

“A nivel personal, yo ya casi no creía, pensaba que era una amenaza más. Pero estaba tan bien orquestado (el juicio) con la oposición y algunos organismos internacionales, los medios de prensa, que lo ejecutaron en tiempo récord”, señaló Lugo.

La decisión, confiesa, lo dejó personalmente “dolido”, ya que costó “mucho llegar a la Presidencia y romper el modelo de un país, de un partido hegemónico”.

No obstante, considera que lo ocurrido “forma parte de esta dolorosa, débil y frágil transición paraguaya”.

Después del voto de condena de 39 de los 45 senadores, el exgobernante aseguró que “no había otra forma que acatar una decisión injusta, un juicio político sin pies ni cabeza, pero que tenía las formas legales constitucionales”.

“El juicio político es una figura constitucional que existe en casi todos los países, pero -lamenta- se ha utilizado tan burdamente, específicamente en la argumentación, en el tiempo, en el proceso y también en la condena”.

Transcurridos diez años y ahora en el Senado, al que llegó en 2013 apoyado por la alianza de partidos de izquierda Frente Guasu, considera que “sin duda” la deuda más grande en su país es la reforma agraria.

“Son casi ocho millones de hectáreas que fueron repartidas a sujetos que no son dignos de la reforma agraria”, señaló, al citar el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

También observó que durante este tiempo “se terminó la salud gratuita”, así como la negociación “de igual a igual” sobre la hidroeléctrica de Itaipú, que es compartida por Paraguay y Brasil.

Un grupo de vecinos redujo a un bandido que ingresó a una vivienda ajena con intenciones de robo. Se trata de Antonio Melgarejo (21), exconvicto domiciliado en el km 15 Acaray barrio Virgen del Carmen de esta ciudad, quien posee orden de captura por hurto agravado emanada del Juzgado Penal de Garantías de CDE, firmada por la Actuaria Gricelda Díaz Alfonzo

El informe policial refiere que el detenido intentó ingresar en la vivienda por el techo sacando partes de chapa zinc aprovechando la ausencia de la dueña de casa, pero fue visto por los vecinos del lugar. Unidos, procedieron a demorar al sujeto para luego entregar a personal de la comisaría 8va.

El hecho fue comunicado al fiscal Julio Paredes quien dispuso la detención de Melgarejo para los procedimientos correspondientes, ya que cuenta con orden de captura.

A través de un comunicado, el INAN informó que se instruyó sumario administrativo y se dispuso como medida cautelar la clausura temporal del establecimiento denominado “Carlos Gabriel Céspedes Becker”. Esta empresa es la encargada de elaborar el edulcorante de mesa a base de glicósidos de esteviol, de marca KA’A VITAL.

La medida de clausura estará vigente hasta tanto se subsanen las no conformidades en cumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y se implementen medidas inmediatas y efectivas para abordar los puntos críticos identificados por el INAN. Esta disposición es vital para proteger la salud y seguridad de los consumidores.

Hay que recordar que a través de las redes sociales, los consumidores de esta marca reportaron el hallazgo de sustancias extrañas en sus edulcorantes. Tras las denuncias, el INAN tomó intervención y halló lotes contaminados con moho y hongos.

Se recuerda a la población que, para denuncias o consultas, se encuentran habilitadas las líneas (021) 294073, (0961) 585779, y el correo: direccion@inan.gov.py.

Nota relacionada: INAN realiza otra advertencia sobre edulcorante contaminado

En entrevista con la radio 650 AM, la inspectora Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, reportó que desde el martes 14 al miércoles 15 se registró un total de 176 procedimientos por infracciones varias, 34 vehículos demorados, y nueve alcotest positivos.

En cuanto a los siniestros viales, en estos días se dieron nueve en total, de los cuales cinco fueron sin desgracias y cuatro con desgracias.

En cierto tiempo, la circulación se tornó un poco lenta en la zona de peaje de Ypacaraí, pero después se subsanó y nuevamente se volvió normal. “Fue un operativo retorno tranquilo, todo subsanado y cubierto por personal de la Patrulla Caminera en los diferentes puntos de las rutas del país”, indicó.